Lo hizo la Organización de Derechos Humanos Xumec con el patrocinio letrado de los Dres. Juan Manuel Lavado y Leandro Rodríguez PonsSegún explicó el Dr. Lavado a Dicho de otro modo, la acción judicial busca otorgarle plena vigencia a la ley, entendiendo que el decreto, además de ser inconstitucional, constituye un veto encubierto, contrario al procedimiento constitucional, y que agrava la crisis que atraviesan familias, instituciones y profesionales del sector.Escuchá la nota completa Navegación de entradas Estafa y gran negocio con las retenciones cero “El sistema productivo argentino es subsidiario a un sistema de producción atado a la geopolítica”
